En Agosto de 2011, el Ministerio de Economía abrió una bullada consulta pública para recibir observaciones respecto de un borrador de proyecto de ley que reglamentaría el tratamiento de datos personales en Chile. La consulta permaneció abierta por dos semanas, tras lo cual el Ministerio habría evaluado dichas observaciones e introducido mejoras en el borrador. Hace pocos días, finalmente, el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso.

A efectos de conocer quiénes y qué opiniones fueron emitidas en relación con el proyecto de ley en cuestión, ONG Derechos Digitales solicitó acceso a la documentación. La solicitud fue ingresada el 14 de febrero y ya tiene un rotundo NO por respuesta. De acuerdo a la respuesta del Ministerio de Economía, la participación de los ciudadanos en consultas públicas “no constituye información pública”; en otros términos, la información emitida en el marco de una consulta pública no es pública, sino que secreta.

Pero el Ministerio si reconoce quienes participaron del proceso de consulta pública. Entre otras, habrían hecho sugerencias: MoviStar-Telefónica, Equifax (alias Dicom), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, la Cámara Nacional de Comercio, y Google. ¿Qué recomendó exactamente cada una de dichas empresas y asociaciones gremiales? ¿Y cuáles de dichas recomendaciones fueron exactamente acogidas por el Ministerio? Un misterio que el Ministerio de Economía no quiere develar.

La decisión del Ministerio es “inaceptable”, según Alberto Cerda Silva, de ONG Derechos Digitales, pues “la consulta era pública, sus participantes estaban al tanto de ello, y la relevancia del tema requiere acceso público a dicha información”. Los resultados de consultas públicas de esta naturaleza quedan a disposición de la ciudadanía en otros países, como Brasil, Estados Unidos, e Inglaterra, explica Cerda. De hecho, según apunta Cerda, “el sitio web del ministerio aseguraba que la información estaría disponible públicamente”. “Es una torpeza ministerial que los antecedentes no queden disponibles al público en línea inmediatamente al momento de ser enviados por quienes participan de la consulta pública; pero todavía es más impresentable que la autoridad los declare secretos”, concluye Cerda.

En los próximos días, de acuerdo a Claudio Ruiz, Presidente de  ONG Derechos Digitales, la organización evaluará como revertir la adversa decisión del gobierno que impone secreto en el resultado de las consultas públicas. “El tema es relevante porque, por un lado, hace una lectura torcida de la ley de transparencia pública, y, al mismo tiempo, impide a los ciudadanos acceder a información valiosa a efectos de participar de la discusión pública en relación a la protección de sus datos y de su vida privada”, concluye Ruiz.

Fuente: ONG