La Organización No Gubernamental Derechos Digitales manifestó su rechazo a las negociaciones que lleva Chile para entrar al Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio, pues considera que el capítulo sobre propiedad intelectual de este tratado “contiene algunas cucharadas” de la famosa  ley estadounidense SOPA

 “Así, mientras muchos nos manifestamos en contra del proyecto de ley norteamericano, los gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que reproduce una de las peores amenazadas de SOPA: la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet”, señalan en la organización civil.

Según la ONG, sólo a través de una orden judicial expresa es posible retirar o bloquear un contenido supuestamente infractor de Internet, tal como dispone hoy la Ley de Propiedad Intelectual chilena, por lo que formularon un llamado a rechazar las negociaciones.

“Esperamos que el Gobierno de Chile se comprometa a no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual”, aseguran.

La ONG recuerda que este acuerdo de Asociación internacional es promovido por el gobierno de Estados Unidos, que contiene una serie de exigencias en materia de propiedad intelectual, especialmente en derechos de autor que perjudicarían a la creación local.

“Exhortamos a que nuestro país promueva normas que equilibren los legítimos derechos e intereses de los sectores involucrados, como el fortalecimiento del dominio público, el establecimiento de excepciones y limitaciones al derecho de autor que comprenda excepciones de usos justos, la regulación de obras huérfanas y el establecimiento expreso del sistema judicial de notificación y bajada de contenidos supuestamente infractores de internet, entre otras disposiciones que consideren los intereses públicos comprometidos en la regulación de los derechos de autor”, sostienen en Derechos Digitales.

Fuente: ONG