La pelea mundial por el uso de contenidos digitales está al rojo vivo.
Kim Dotcom, el excéntrico dueño del servicio de descargas en línea Megaupload, no hizo el menor esfuerzo para ocultar su cara frente a las cámaras de televisión luego de ser arrestado el pasado 19 de enero en su mansión de Nueva Zelanda. Dotcom, cuya fortuna se estima en US$180 millones, enfrenta un proceso judicial por violación de derechos de autor y lavado de activos. Su defensa alega que lo único que ha hecho es crear un servicio de almacenamiento de archivos en la nube.
El arresto de Kim Dotcom se ha convertido en un símbolo de las contradicciones que vive la sociedad global entre la forma como los ciudadanos se relacionan con el contenido digital y el marco legal que regula el uso de esos contenidos.
Megaupload (cerrado el 19 de enero) afirmaba tener más de 50 millones de visitantes al día en todo el mundo. Era lo que se conoce como un sitio ciberlocker, que permite almacenar y compartir archivos digitales. Para las industrias de música, cine y televisión, Megaupload era el símbolo de la piratería y la proliferación del robo de contenidos protegidos. Para sus millones de usuarios, era tan solo una parada más en la cascada de experiencias digitales que llena sus días, donde las distinciones entre los contenidos producidos por cada individuo, por su comunidad y por terceros son cada vez más irrelevantes desde la perspectiva del ciudadano.
Este evento ocurrió casi simultáneamente con el día del “apagón” de algunos de los más conocidos sitios en internet, cuando Google, Wikipedia, Craiglist, Reddit y otros se pusieron de acuerdo para realizar una manifestación en el ciberespacio como protesta contra los proyectos de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), que aspiran a endurecer las sanciones contra quienes utilicen contenidos digitales sin autorización de sus creadores. Esta protesta generó un amplio apoyo entre los usuarios de internet en Estados y Unidos y se extendió al resto del mundo. Los políticos, finalmente, fueron sensibles ante el fenómeno. La Casa Blanca anunció su rechazo a los textos de estas leyes y varios senadores y representantes de Estados Unidos les retiraron su apoyo.
Pero el caso no está cerrado. El representante Lamar Smith, impulsor de SOPA, espera que el Comité Judicial de la Cámara se reúna nuevamente en febrero para continuar con el debate. “Me he comprometido a seguir trabajando con mis colegas de la Cámara y el Senado para enviar un proyecto de ley bipartidista a la Casa Blanca que salve empleos y proteja la propiedad intelectual”, afirmó Smith. La asociación de la industria cinematográfica ha manifestado que la lucha continúa.
La magnitud del rechazo popular contra SOPA y PIPA implica un cambio trascendental en los términos del debate. Los conflictos entre la protección de la propiedad intelectual y la protección de las libertades individuales han dejado de ser temas de especialistas y ahora están en el centro de la atención pública en el mundo entero. Lo que se puede esperar es una escalada de esta discusión, que tendrá profundas implicaciones en las arenas política y económica.
Si bien ya se sabe que comenzó la nueva guerra tecnológica que vaticinó el escritor futurista Alvin Tofler –cuyas repercusiones nadie se atreve a anticipar–, no es claro cuándo terminará. Por eso, aunque las autoridades antipiratería y los productores de cine y de música no se cansan de mostrar a Dotcom como un trofeo en la guerra contra la distribución ilegal de contenidos a través de internet, hasta ahora no tienen la última palabra.
Juego político
Los proyectos de ley SOPA y PIPA contemplan la posibilidad de cerrar aquellos sitios web que incluyan vínculos a contenidos ilegales, así sea en forma indirecta. Por ejemplo, si una persona incluye en su perfil de Facebook un vínculo hacia un sitio que aloja canciones de forma ilegal, la casa disquera dueña de los derechos podría exigir a los prestadores de servicio que nieguen el acceso de sus clientes a Facebook, sin necesidad de una orden judicial.
También se deriva de estas leyes la posibilidad de que los reguladores, los propietarios de derechos de autor o las empresas de telecomunicaciones puedan revisar información confidencial de las personas –como sus correos electrónicos–, para evitar el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor.
Se trata de un enfrentamiento entre dos grandes coaliciones de intereses, que algunos han denominado como la “lucha entre Hollywood y Sillicon Valley”: los productores de cine, televisión y música contra las empresas de internet. El terreno de esta lucha es el Capitolio de Estados Unidos, donde las partes buscan convencer a senadores y representantes para que impulsen leyes que defienden sus intereses.
Según cifras del Centro de Política Responsable, en septiembre pasado las donaciones de las productoras de cine para las campañas de legisladores clave en la votación de las leyes antipiratería estaban 2 a 1 frente a las realizadas por empresas de tecnología e internet. Los patrocinadores directos de las iniciativas habían recibido aportes superiores a US$950.000 por parte de estudios de televisión, cine y música. De hecho, la industria cinematográfica ha sido uno de los grandes aportantes a las campañas electorales de Barack Obama.
Los productores de contenidos sostienen que las descargas vía internet les generan pérdidas multimillonarias. Un estudio de la analista de mercados Envisional sostiene que la descarga de contenidos piratas representa 24% del ancho de banda que se utiliza en todo el mundo. Se estima que la industria musical de Estados Unidos registra pérdidas anuales superiores a US$12.500 millones por cuenta de las descargas ilegales de canciones.
El magnate de los medios, Rupert Murdoch, ha sido uno de los líderes más vehementes de este bloque, y ha criticado abiertamente a compañías de tecnología por facilitar los canales para birlar el pago de derechos de propiedad intelectual. Pero también se fue lanza en ristre contra el presidente Barack Obama, a quien acusó de unirse a los líderes de Sillicon Valey pues el mandatario, que está en medio de su campaña por la reelección, se ha mostrado apático a acompañar normas restrictivas para la red.
En la otra esquina están los grupos de usuarios que luchan por su derecho a compartir información a través de ‘la red de redes’, y los principales sitios web, como Wikipedia, Google, Yahoo!, Twitter y Facebook, quienes temen que la legislación sobre propiedad intelectual podría entrar a afectar las libertades individuales y permitir la invasión de la intimidad. En su opinión, las leyes podrían limitar el potencial que tiene internet para expandir la creatividad y la vitalidad de la sociedad.
“Es un pulso muy grande entre las grandes compañías de música, películas y televisión, frente a una nueva cultura de ciudadanos digitales que buscan mantener los derechos que han conquistado en los últimos años. Y en el medio está el gobierno, que debe garantizar los derechos tanto a los titulares de las obras como a los consumidores”, comenta Julio Seneor, abogado experto en derechos de propiedad industrial y marcas.
La protesta hizo visible la fuerza con que los ciudadanos rechazan la forma en que quedaron planteadas estas leyes de propiedad intelectual. Muchos esperan que el próximo capítulo de esta historia sea una propuesta para permitir mayor libertad en el uso de contenidos que hoy están protegidos.
El argumento central en este planteamiento afirma que los autores de la Constitución de Estados Unidos concebían la protección de los derechos de propiedad sobre contenidos (copyrights) en unos términos mucho más limitados que los que existen hoy. Originalmente, la protección de contenidos tenía un periodo de 14 años, extensibles por otros 14. Hoy, de acuerdo con el abogado Lawrence Lessing, gracias a la acción del lobby de Hollywood la protección en Estados Unidos se extiende a la vida del autor más 70 años.
Lessing, uno de los más conocidos defensores de una transformación en el marco legal de la protección a la propiedad intelectual para ajustarlo a las realidades de internet, afirma que el avance de la tecnología hace insostenibles unas leyes diseñadas para épocas pasadas.
No es claro cómo sería posible cambiar la legislación actual para ajustarla a la forma como la gente usa internet, pero el espíritu general apunta a buscar que, si bien seguiría siendo ilegal el uso de contenidos protegidos para propósitos comerciales, los individuos no estarían infringiendo la ley cuando utilizan contenidos de otros en sus actividades individuales.
Modelo de negocio
En el fondo, la postura extrema de la industria de contenidos refleja la incapacidad de la mayoría de los jugadores para desarrollar modelos de negocio que utilicen a su favor las nuevas tecnologías.
Hollywood podría ganar la batalla si asumiera el reto de llegar a los usuarios de una manera más eficaz que los piratas. Sin embargo, a los jugadores tradicionales les cuesta mucho trabajo replantear sus modelos de negocio. Basta recordar que las empresas que han logrado demostrar que los usuarios sí están dispuestos a pagar por contenidos descargados de internet no son miembros del grupo de jugadores tradicionales. Apple, Amazon y Netflix venden millones de dólares en descargas legales de música, libros y películas, algo que los productores tradicionales aún no aprenden a hacer.
“Mucha gente prefiere pagar estos derechos pues, además de entregarles productos de buena calidad, son realmente baratos y les garantizan que no violan ninguna ley”, dice Víctor Solano, experto en estrategia digital. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica muestra que el año pasado se vendieron más de 3.600 millones de canciones legales a través de internet, lo que representa un incremento de 17% con relación a 2010. En este momento, la música digital representa 32% de los ingresos de la industria en todo el mundo.
Por lo demás, impedir el uso de contenidos protegidos por parte de los usuarios de internet es sencillamente imposible. Incluso si se cierran los sitios que almacenan archivos en la nube, como Megaupload, los cibernautas podrían compartirlos a través de tecnologías ‘punto a punto’, que no centralizan el almacenamiento sino que aprovechan los discos duros de la comunidad. Los usuarios también pueden ‘ocultar’ los números de identificación únicos de sus computadores (llamados direcciones IP) para evitar ser señalados. Son muchas las formas de eludir los controles y sería imposible detener la aplicación de estas prácticas en gran escala.
Al final, es necesario un marco que permita a los cibernautas vivir dentro de la legalidad. “Se requiere de una legislación no invasiva, donde el usuario pueda estar tranquilo de que nadie lo está observando”, opina Andrés Velázquez, presidente de Mattica, firma que ofrece servicios de seguridad informática.
