La araña de Google bucea por Internet, llama a la puerta de las páginas y espera. La puerta se abre o no en función de la configuración del servidor. Cada página decide si abre sus puertas y sus contenidos a los buscadores digitales. También existen medidas tecnológicas para blindar el acceso.

El proceso posterior es conocido: los usuarios encuentran la información organizada en los motores de búsqueda, quienes se lucran con la publicidad gracias al tráfico que generan. Esta arquitectura ha provocado un conflicto entre los editores de medios de comunicación y los buscadores, cuya cabeza visible es Google. El debate es recurrente y ha sido resucitado por Alemania. 

El consejo de ministros alemán aprobó, el 30 de agosto, un proyecto de ley por el que los buscadores de Internet y agregadores de noticias tendrán que pagar a los editores un canon por reproducir sus contenidos. Los requisitos son claros: tiene que haber ánimo de lucro y agregación 'sistemática' de noticias. Es decir, la página web tiene que tener un fin comercial o basar su negocio en la agregación de noticias producidas por otros. Quedan así excluidos los blogueros y particulares. Las reacciones no tardaron en llegar. Google, el gran aludido, lo calificó como "un día negro para Internet", y las asociaciones de editores aplaudieron la iniciativa. LaAsociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) espera que la fórmula "acelere una solución favorable con Google para toda Europa". 

Con las leyes actuales, los motores de búsqueda no pagan a los editores. La legislación española permite la cita de noticias en las llamadas 'revistas de prensa'. Pero exige una contraprestación económica si se reproducen los contenidos y hay beneficio económico en ello. En esta figura encajan las empresas de 'press-clipping': aquellas que elaboran recopilaciones impresas de noticias y las suministran a sus clientes. 

Estas compañías pagan una licencia a los editores a través de CEDRO Centro Español de Derechos Repográficos, la entidad de gestión equivalente a la SGAE para libros, revistas y otras publicaciones. Pero la normativa no habla en ningún momento de motores de búsqueda. Su intención tenía en mente las empresas físicas fuera del espacio líquido de Internet. 

Las dudas surgen porque los buscadores incluyen un pequeño extracto de la noticia junto al enlace del titular. Son los llamados «snippets». Los profesionales no se ponen de acuerdo sobre su inclusión en la norma. Belén Arribas, responsable de propiedad intelectual del despacho Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, afirma que "en este escenario legal, Google y otros agregadores podrían tener que pagar". 

Aunque los editores "no estén en condiciones de exigir el pago al ser los primeros interesados en que sus noticias aparezcan en Google". Para Javier Martínez, abogado del despacho Pedro Alemán, la aparición de 'snippets' no puede considerarse "un acto de explotación de los contenidos". Defiende que hay 'consentimiento' de los medios y que es "un proceso técnico carente de significado económico". 

Los abogados Blanca Cortés y Pedro Merry Monereo, del despacho CMS Albiña & Suárez de Lezo, recuerdan el caso Megakini, en el que el Tribunal Supremo dio la razón a Google. Consideró "un uso inocuo" reproducir fragmentos de una página web. El profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Sebastián López, cree que los motores de búsqueda deberían pagar según el artículo 32.1.2º de la Ley de Propiedad Intelectual. López es contundente: "Ningún límite de la ley ampara" a Google. 

¿LA REFORMA QUE VIENE? 
La gran diferencia de la innovadora ley alemana es que apunta expresamente a los buscadores. Tendrán que pagar sin ninguna duda por reproducir noticias en servicios como Google News. Martínez califica esta reivindicación como 'difícilmente justificable'. "Los editores quieren servirse de los buscadores para adquirir tráfico, pero al mismo tiempo piden que les paguen por ese servicio", argumenta. El debate está en si los editores tienen derecho a cobrar cuando ellos controlan que aparezca o no su contenido. El profesor López lo tiene claro. "¿Acaso Pérez Reverte deja de cobrar por el hecho de que la FNAC le ayude a distribuir sus libros?", razona. 

Esta propuesta puede extenderse a otros países. Arribas no descarta que "el modelo alemán sea exportable a España". Avisa de que el Ministerio de Justicia trabaja en la reforma del Código de Comercio y que se "refundirán diversas leyes, como la del comercio electrónico". Los juristas estarán 'muy atentos'. Como los editores de prensa y como Google. Quizás su araña tenga que ir con la cartera llena de billetes para llamar a la puerta la próxima vez. O quizás decida dejar de llamar en la puerta de los editores